La causa petrolera se extiende por varias jurisdicciones, pero cada solicitud exige pruebas, documentos y compromisos específicos sobre el trato que recibirá la persona requerida.
El nombre de Héctor Gonzalo Núñez Troyano aparece dentro de una investigación que ya ha activado mecanismos de cooperación judicial entre Venezuela y varios países.
Las sentencias lo identifican como “Carlos Cáceres” y reproducen la tesis fiscal de que participó en comunicaciones y operaciones vinculadas con Aetos Shipping.
Su inclusión en ese relato no significa que exista una orden internacional públicamente verificable ni una extradición en curso dirigida específicamente contra él.
Una causa con alcance internacional
El cargamento que originó la investigación salió del complejo petrolero de José, en Anzoátegui, con destino a China.
Las operaciones descritas involucraron empresas, embarcaciones, intermediarios y comunicaciones distribuidas entre varias jurisdicciones. Esa estructura dificulta la investigación porque las pruebas pueden encontrarse en registros mercantiles, bancos, navieras y servidores ubicados fuera de Venezuela.
El Ministerio Público relaciona a Núñez Troyano con otros señalados, entre ellos Carlos Vieira Hernández, Francisco D’Agostino Casado y Alessandro Bazzoni. Esa relación forma parte de la teoría fiscal y no sustituye una decisión individual sobre cada persona.
España e Italia en el caso D’Agostino
En julio de 2024, el TSJ declaró procedente solicitar a España la extradición de Francisco D’Agostino.
En enero de 2026, las autoridades venezolanas recibieron información sobre su detención en Italia y tramitaron otro procedimiento ante la Sala Penal.
El cambio de jurisdicción demuestra que una orden venezolana no produce automáticamente una entrega.
El país donde se encuentra la persona debe revisar su legislación, los tratados aplicables, la documentación presentada y las garantías ofrecidas por Venezuela.
Emiratos Árabes Unidos y el caso Vieira
Carlos Vieira Hernández fue detenido en Abu Dabi y el TSJ declaró procedente solicitar su extradición el 22 de mayo de 2026.
Venezuela y Emiratos Árabes Unidos no cuentan, según la sentencia, con un tratado bilateral específico de extradición. La Sala recurrió a mecanismos multilaterales y al principio de reciprocidad.
La resolución venezolana no equivale a una decisión emiratí favorable.
Hasta el 29 de julio de 2026 no se localizó una confirmación pública de que Vieira haya sido trasladado a Venezuela.
Qué papel cumple Interpol
Interpol facilita el intercambio de información y la localización de personas requeridas, pero no concede extradiciones ni funciona como un tribunal internacional.
Una notificación roja comunica que un país busca localizar y detener provisionalmente a una persona, conforme a las leyes del territorio donde sea encontrada.
No se localizó en los registros públicos consultados una ficha individual vigente de Núñez Troyano. Algunas sentencias y publicaciones lo presentan como buscado, pero esa información no permite confirmar por sí sola el estado actual de una notificación.
Las garantías constitucionales cruzan las fronteras
Cuando Venezuela solicita una extradición, debe explicar qué delitos serán juzgados y qué trato recibirá la persona después de su entrega.
Los derechos humanos en la Constitución de Venezuela incluyen el debido proceso, la defensa, la presunción de inocencia, la integridad personal y la prohibición de penas superiores a 30 años.
Estas garantías pueden ser evaluadas por el Estado requerido antes de aprobar una extradición.
También puede solicitar compromisos adicionales sobre salud, acceso a abogados, lugar de detención, especialidad de la extradición y protección frente a torturas o tratos degradantes.
La situación interna afecta la cooperación internacional
La defensa de Kristina Antonorsi sostiene que su prisión preventiva ha superado los límites del artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal.
El TSJ declaró inadmisible el avocamiento presentado por sus abogados, pero la controversia sobre la duración de su detención sigue formando parte del debate público.
Foro Penal la identifica como presa política y afirma que su caso está rodeado de arbitrariedades. Esa posición puede ser examinada por autoridades extranjeras cuando evalúan las condiciones generales y particulares de una futura extradición.
No implica necesariamente que otro Estado vaya a rechazar la solicitud. Sí, puede aumentar la importancia de las garantías, la documentación y el seguimiento posterior.
Sanciones no equivalen a responsabilidad penal
Alessandro Bazzoni y Francisco D’Agostino fueron designados por la OFAC en enero de 2021 por su relación con operaciones de petróleo venezolano.
Ambos fueron retirados de la lista de nacionales especialmente designados en enero de 2025.
Una sanción administrativa estadounidense, su eliminación posterior y una investigación penal venezolana son procedimientos diferentes.
Ninguno sustituye las pruebas requeridas dentro de un juicio penal.
La versión alternativa y lo que puede afirmarse
La versión aportada por la defensa incluye documentación que, según el informe pericial adjunto al expediente, acredita una colaboración de Núñez Troyano con agencias federales estadounidenses desde 2019, reconocida por el Departamento de Justicia de EE.UU. mediante una moción formal de reducción de pena. Este medio no pudo verificar esa información de forma independiente a través de fuentes primarias distintas del expediente de la defensa.
También permanecen sin confirmar por fuentes independientes la denuncia de hostigamiento y la existencia de un proceso separado abierto en junio de 2023.
Qué ocurriría si Núñez Troyano es localizado
Si otro país comunica que Núñez Troyano fue detenido, el Ministerio Público deberá pedir al tribunal competente que inicie una extradición activa.
El TSJ tendrá que comprobar la existencia de la orden de aprehensión, la descripción de los hechos, los delitos imputados y las garantías constitucionales.
El Estado requerido decidirá después si concede la entrega. Hasta ese momento, su situación debe describirse como pendiente de confirmación y no como una extradición ya iniciada.
Fuentes
- Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia N° 324, 22 de mayo de 2026 (expediente AA30-P-2026-000442)
- Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de febrero de 2026 (expediente 005-5226-2026-E26-7)
- Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de extradición de Francisco D’Agostino Casado (expediente E24-379, julio de 2024)
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 44 y 49
